Guatemala, diciembre de 2025. Con el objetivo de fortalecer el análisis del enfoque basado en derechos humanos en las políticas públicas, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), realizó tres talleres dirigidos a instituciones estatales que tienen procesos vigentes de formulación o actualización de estos instrumentos de gestión del desarrollo.
El enfoque de derechos humanos plantea que las personas deben reconocerse, asumirse y considerarse como sujetos de derechos fundamentales inalienables e irrenunciables. Además, establece que el Estado es el responsable de promover, respetar, proteger y garantizar el goce de los derechos humanos.
En la primera capacitación participaron los ministerios de Salud Pública, Gobernación, Energía y Minas, Trabajo y de Comunicaciones. Asimismo, el Consejo Nacional para la Atención de Personas con Discapacidad, la Secretaría Presidencial de la Mujer, el Instituto Nacional de Estadística y la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.

Para la actual administración esta es una de las principales políticas y se tienen entre 8 y 10 procesos de formulación.
La segunda estuvo dirigida al Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) e instituciones corresponsables en el proceso de formulación de la Política de Pueblos Indígenas e Interculturalidad.
La Directora de Políticas Públicas, Hercilia De León informó que para la actual administración esta es una de las principales políticas. Añadió que actualmente se tienen entre 8 y 10 procesos de formulación y otros procesos que se han iniciado, también a nivel del territorio.
En la capacitación participaron Luis Velásquez, especialista en producción y análisis estadístico, y Dámaris Amézquita, Analista de datos de población y desarrollo, del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Guatemala.
Velásquez hizo una presentación sobre la transición demográfica del país y las brechas de desigualdad en los pueblos indígenas, y Amézquita explico los datos cuantitativos y cualitativos de la situación de Pueblos Indígenas en Guatemala, tomando como base el estudio de UNFPA, “Nuestras voces por nuestros derechos”.
La analista resaltó que “los pueblos indígenas constituyen el 43.6 por ciento de la población total de Guatemala y, como muestra este estudio, es la que enfrenta, en promedio, los mayores desafíos de bienestar en Guatemala.

Se realizaron tres talleres dirigidos a instituciones estatales que tienen procesos vigentes de formulación o actualización de estos instrumentos de gestión del desarrollo.
Explicó que el estudio aborda los temas de derecho a la educación, a la salud, laborales, migración, de las mujeres indígenas, vivienda y desarrollo humano.
El especialista Velásquez, quien hizo una presentación sobre la transición demográfica del país y las brechas de desigualdad en los pueblos indígenas, explicó la importancia del análisis demográfico en todo el ciclo de políticas públicas.
Ambiente y recursos naturales
El Subdirector de Políticas Públicas, Fidelino Saz dio a conocer que en el tercer taller en el ámbito de recursos naturales y ambiente participaron diferentes instituciones relacionados con esa temática. Entre ellas, los Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y Energía y Minas (MEM). También Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y el Instituto Nacional de Bosques (INAB).
El experto Raúl Maas, del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA), de la Universidad Rafael Landívar, abordó la relación entre ambiente, sociedad y economía, indicando que los fenómenos como el cambio climático tienen consecuencias en las vidas humanas, por lo que no debe verse como que solo afectan el ambiente.
Por su parte, Booz Lorenzo, experto del MARN destacó que los recursos naturales son pilares fundamentales para el desarrollo sostenible del país y que las políticas públicas son herramientas indispensables para el equilibrio entre personas, planeta y progreso.
Mientras tanto, Martín Sacalxot de SEGEPLAN, expuso que Guatemala ha aceptado los derechos humanos para toda la población, a través de múltiples tratados y convenios. Sin embargo, estos no siempre se traducen en acciones. Por ello, el incumplimiento de las leyes ha llevado a sanciones por parte de instituciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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