Presentan avances de la aplicación de la Política Pública de Protección a la Vida y la Institucionalidad de la Familia

Guatemala, 3 de octubre de 2022. El Ministerio de Educación (MINEDUC) como ente rector y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) en su rol de asesor para la creación de Políticas Públicas, presentaron los avances de la Política Pública de Protección a la Vida y la Institucionalidad de la Familia 2021-2032.

Los programas y acciones están orientados a fortalecer los programas que atienden las necesidades inmediatas y priorizadas de los guatemaltecos, desde su concepción hasta su muerte natural, así como el respeto a los derechos humanos de la persona que está por nacer, primera infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez y adulto mayor, protegiendo así a la familia como unidad básica de la sociedad, resaltó Claudia Ruíz, ministra de Educación.

Entre las acciones que se realizan para la implementación de la política pública, se mencionaron:

• Socialización de la Política Pública de la Vida e Institucionalidad de la Familia de forma institucional con más de 3 mil directores generales, subdirectores, directores departamentales, así como personal técnico de diferentes ministerios con el propósito de lograr su sensibilización y capacitación para la implementación de la política.
• Se solicitó a cada ministerio crear un comité técnico interno de atención a la política
• Se cuenta con un Comité de Alto Nivel de ministros y secretarios para tomar decisiones en el marco de la planificación operativa.
• Fortalecimiento de los Centros Comunitarios de Desarrollo Integral Infantil (CECODI) que permiten atender a madres en gestación y lactantes.
• Elaboración de la Guía Prevenir con Educación, para padres de familia, tutores o encargados, cuyo objetivo es proveerles orientación en educación sexual para que puedan trasmitirla a sus hijos desde su cultura, sus valores, cosmovisión y su fe para mantener la salud, el bienestar emocional y físico y asegurar su dignidad y derechos en el marco en la responsabilidad personal, social y moral.

La Política Pública de Protección a la Vida y la Institucionalidad de la Familia es el resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno del presidente Alejandro Giammattei, sociedad civil y otros actores; su formulación conllevó un proceso de elaboración que tuvo duración de un año por medio de talleres y fue lanzada el 25 de julio de 2021.

Fortalecer y potenciar programas

Keila G. Vilchez, secretaria General de SEGEPLAN refirió que se han llevado a cabo diversas reuniones de coordinación entre las instituciones para fortalecer y potenciar los 99 programas, productos, subproductos o nuevas acciones, que cuentan con presupuesto en cada una de las instituciones, para mejorar las condiciones de vida de la población.

Por su parte, Claudia Ruíz, ministra de Educación hizo referencia a que la coordinación es de suma importante, ya que permitirá impactar en los planes operativos de las instituciones y así articular las acciones que persiguen el cumplimiento de la política, un plan que, junto a SEGEPLAN, permite ejecutar con calidad cada una de las propuestas planteadas.

Valerie Huber, presidenta y directora Ejecutiva del IWH, y quien ha aportado orientaciones y acompañamiento en los procesos de esta política, comentó que ven lo que hace Guatemala en favor de la protección a la vida y la institucionalidad de la familia como muy importante. Y enfatizó que “lo queremos replicar en otros países”; además indicó que se debe asegurar que sea implementada de una forma exitosa.

De esa cuenta, se busca asegurar en conjunto con los diferentes actores del desarrollo, que el sector público, incluyendo instituciones, funcionarios y demás mecanismos disponibles de la gestión pública, pueden ahora utilizar estos elementos para fortalecer y proteger a la familia en Guatemala.

La reunión de trabajo se llevó a cabo en el Ministerio de Educación, coordinada por la ministra de Educación, Claudia Ruíz Casasola, y la secretaria General de SEGEPLAN, Keila G. Vilchez con la participación de sus equipos técnicos, funcionarios de gobierno y representantes de organizaciones no gubernamentales.