Guatemala, 18 de octubre de 2022. Bajo la premisa de no dejar a nadie atrás, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), una institución comprometida con la inclusión social de las personas con discapacidad, se ha sumado a la loable labor que realiza el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala.
El compromiso de SEGEPLAN consiste en continuar con el trabajo estratégico de apoyo que permitan transversalizar la equidad enmarcadas en las 10 Prioridades Nacionales de Desarrollo (PND), que son el producto de la vinculación de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Plan Nacional de Desarrollo K’atun: nuestra Guatemala 2032.
Para el efecto, se suscribió un convenio de cooperación entre ambas instituciones, el cual permitirá abordar la reducción de las desigualdades mediante acciones de carácter inclusivo que permitan a las personas con discapacidades auditivas o visuales emplearse en algunos centros laborales para poder desarrollarse profesionalmente y que propicien su desarrollo social, económico, político y ambiental.
Estas acciones se vinculan con el ODS 10: Reducción de desigualdades y la PND: Empleo digno, y buscan impulsar la inclusividad laboral dentro de la propia SEGEPLAN.
La última Encuesta Nacional de Discapacidad (2016) señaló que de la población con discapacidad en Guatemala el 8.2 por ciento presenta dificultad visual y auditiva. Vale resaltar que en la población adulta de 18 años a más, 56.5 por ciento son mujeres. La encuesta también señala que en el área rural se encuentra el 38.52 por ciento de esta población.
SEGEPLAN destacó que el país afronta muchos desafíos en su camino hacia el desarrollo, entre ellos promover la educación inclusiva, el trabajo equitativo y la igualdad en el acceso a otros derechos que permitan a las personas con discapacidad mejorar su calidad de vida y la de sus familias.
En este contexto, dando cumplimiento a la orden del presidente Alejandro Giammattei de garantizar la protección de la persona y la familia como fin supremo del bien común, desde el gobierno en alianza con distintas organizaciones de sociedad civil, se lideró la formulación de la Política Pública de Protección a la Vida y la Institucionalidad de la Familia 2021-2032.
Esta política tiene como propósito garantizar el bienestar y protección de la vida y la institucionalidad de la familia, en todas las etapas de la vida de las personas y el conocimiento y cumplimiento de sus derechos, desde la normativa vigente en el país como el de garantizar la protección de las personas que adolecen de limitaciones físicas, declarada como interés nacional en el artículo 53 de nuestra Constitución Política.
María de los Ángeles Soberanis, presidenta de la Junta Directiva del Benemérito Comité Pro-Ciegos y Sordos de Guatemala, señaló la importancia de que todos los planes de gobierno estén dirigidos a considerar transversalmente el tema de la discapacidad desde un enfoque de derechos humanos.
Asimismo, la promoción de acciones para la enseñanza y aprendizaje de la lengua de señas y la lengua materna en las personas sordas, para lograr su plena inclusión educativa, laboral y social.
SEGEPLAN llamó la atención sobre que, como sociedad, los distintos sectores del país estén comprometidos con la realización del bien común, que incluye alcanzar un desarrollo sostenible para las y los guatemaltecos, sin discriminación y en igualdad de condiciones para todos.
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