Guatemala, 7 de agosto de 2025. El Presidente de la República, Bernardo Arévalo, presentó junto a las autoridades indígenas y ancestrales una iniciativa de ley para reformar el artículo 30 bis del Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto. Esas reformas tienen el objetivo de promover la inversión pública en propiedades que pertenecen a pueblos originarios e impulsar el desarrollo en comunidades marginadas históricamente.

Durante la presentación de esta iniciativa, estuvo el secretario de Planificación y Programación de la Presidencia, Carlos Mendoza, quien ayudó a promover el cambio en la normativa para que la inversión pública pueda realizarse respondiendo a las necesidades de la población.

Actualmente, la ley establece que las construcciones del Estado pueden realizarse en bienes comunales, si las comunidades ceden la posesión de la tierra. Con la reforma se autorizaría la construcción de infraestructura de capital fijo, se consideraría la programación y asignación de recursos para estudios de preinversión y se establecería un plazo mínimo de 20 años para garantizar el buen uso del presupuesto público.

La propuesta fue presentada por el Presidente en La Ronda, y cuenta con el respaldo de los pueblos originarios. El mandatario recordó que la iniciativa es resultado del diálogo continuo que hubo entre el Gobierno de Guatemala y representantes indígenas. Por parte del Ejecutivo, las instituciones que participaron fueron la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), la Secretaría Privada de la Presidencia, la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Finanzas Públicas.

“Esta iniciativa de reforma es producto del consenso, logrado a través de varias sesiones de intercambio con autoridades indígenas ancestrales”, subrayó.

Iniciativa fue presentada por el presidente Bernardo Arévalo y fue el resultado de un diálogo con autoridades ancestrales indígenas.

Agregó que aprobar la reforma al decreto representa una reparación a comunidades indígenas que han sido históricamente excluidas y marginadas y es una contribución al cierre de brechas de desigualdad.

Por su parte, autoridades indígenas manifestaron el respaldo a la propuesta del Ejecutivo y recordaron que la normativa vigente impide la construcción de obras públicas en tierras que no estén inscritas a nombre del Estado.

La reforma plantea que se promueva la construcción de edificios estatales (como escuelas, hospitales, centros de salud y centros comunales) en áreas que estén inscritas en el Registro General de la Propiedad a nombre de las comunidades.

Ante esto, los representantes de pueblos indígenas recordaron que estas propiedades son consideradas como indivisibles, inembargables e imprescriptibles, por lo que aprobar la iniciativa significaría un avance clave en los ámbitos social y económico de los pueblos indígenas.

Gobierno de Guatemala busca impulsar el desarrollo de las comunidades indígenas a través de la propuesta hecha al Congreso de la República.

La Secretaría Privada de la Presidencia señaló que a través de la reforma se evitaría el despojo de las tierras comunales, pues ya no sería necesario su cesión al Estado. También se facilitarían los procesos de inversión mediante el destino de recursos para la etapa de preinversión y promovería la certeza jurídica a las entidades públicas de inversión (EPI).

Se aclaró que la aprobación de la reforma no implicaría una reforma agraria, ni la expropiación de tierras a comunidades indígenas. Tampoco aborda conflictos de tenencia, diferendos territoriales o disputas por fronteras limítrofes entre municipios, ni beneficia a propietarios individuales.

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